Alemania y su brillante idea para paliar la escasez de baños públicos

Mear puede ser un problema. Un problema para el viandante, al que le asaltan las ganas en medio de la gran ciudad, sin un baño público donde aliviar sus necesidades; un problema para el vecino, que sufre los olores de aquellos que no pudieron encontrar ese lugar a tiempo; un problema, por último, para la Administración, que gasta millones en instalar baños y en limpiar los resultados de su negligencia.

En Berlín parecen haber encontrado la solución a todos estos problemas. En lugar de construir su propia red de aseos públicos, algo lento y caro, la Administración ha optado por pagar a los negocios locales para que dejen usar a los transeúntes sus baños sin necesidad de consumir. Nada de carteles de baños de uso exclusivo de los clientes. Nada de orines en las calles.

La solución es simple. El Ayuntamiento paga una tasa (que varía entre los 30 y los 100 euros al mes) a los restaurantes y bares que se acojan a este programa. Estos ponen una pegatina reconocible en su fachada y así los viandantes saben que pueden usarlo sin tener que escabullirse entre la clientela fingiendo ser un consumidor.

El programa, llamado Nice Toilet, lleva implementándose desde el año 2000 en diferentes poblaciones alemanas. El pasado mes de octubre dio el salto a Munich, la ciudad más grande hasta la fecha.

Según Citylab, el proyecto ha sido muy rentable para las poblaciones participantes. Bremen, por ejemplo, asegura haber ahorrado 1,1 millones con una red que le ha costado 150.000 euros.

Y en España, ¿cómo meamos en la calle?

Hasta hace unos meses, Madrid tenía 25 baños públicos para sus para sus 3.198.645 habitantes. Recientemente, el Ayuntamiento ha empezado a instalar 130 más. El Ejecutivo municipal asegura que los nuevos elementos tienen coste cero para los madrileños, dado que su instalación y mantenimiento se financiará con la explotación publicitaria de los soportes.

La parte negativa es que su instalación no depende tanto de las necesidades de los ciudadanos sino de las de los anunciantes. Comparemos, por ejemplo, la situación con París. Con casi un millón de habitantes menos, la capital francesa tiene 400 baños públicos, 245 más que Madrid.

Barcelona, a pesar de ser una de las ciudades más turísticas del mundo, cuenta con un centenar de aseos para los viandantes. La iniciativa de su alcaldesa, Ada Colau, para instalar urinarios portátiles en los puntos más emblemáticos de la ciudad se saldó, este verano, con una agria polémica con el resto de partidos políticos que criticaban la imagen y la falta de respeto a los monumentos históricos. En cualquier caso los urinarios fueron vandalizados a los pocos días.

Las dos principales ciudades están intentando luchar contra una situación que tiene difícil solución, y que se ha extendido durante años, con desmanes puntuales como el que sorprendió a los madrileños hace un par de años.

El embajador en España de los Países Bajos inauguraba unos baños en la estación de Atocha. Unos baños en un edificios público, gestionado por una entidad pública, a 60 céntimos la meada. El responsable de 2theloo, la empresa que lo gestiona (que estimaba ganar unos 2000 euros al día) destacó que estos aseos proporcionarían «un ambiente de lujo y sobre todo una experiencia única».

«¡Vamos, riégueme! ¡No sé por qué, riégueme!». Carmen Maura chillaba a un empleado de limpieza que baldeaba las calles en la famosa escena de La ley del deseo a las puertas de Conde Duque, en Madrid. La escena, a ojos de un niño, puede parecer ciencia ficción o una muestra de surrealismo almodovariano.

Nada más lejos de la realidad. Hasta hace unos años en la ciudad empleaba ocho millones de litros de agua potable cada día para limpiar las calles. Este es uno de los lujos —económicos y ambientales— que han desaparecido con la crisis. Desde entonces la forma de evitar que la gente alivie sus necesidades en la calle es otra.

Casi todos los ayuntamientos luchan contra la falta de civismo a golpe de multa. En Barcelona, en 2014, se registraron 10.000. El importe varía entre los 50 y los 300 euros, parecido a Sevilla, donde sale a 60 euros la micción.

En Valencia orinar en la calle puede costar entre 100 y 300 euros. Pero la que se lleva la palma es Madrid donde cuesta entre 750 y 1500 euros. Casi todas las ciudades han experimentado un aumento en este tipo de multas en los últimos años.

La solución, bastante pragmática, parece estar al alcance de nuestra mano. Sin multas, sin emplazamientos publicitarios ni enfrentamientos políticos. Porque, tirando del manual del cuñadismo español, si algo no falta en este país son bares.