De los manifestantes de sillón al movimiento social

Comulgues o no con el fondo o las formas del 15M, y dejando de lado su significado político, aquella histórica ocupación de la Puerta del Sol tuvo varios méritos destacables. La excepcional coordinación, la autoregulación para evitar fenómenos violentos o la proyección internacional del evento son algunos logros incontestables. Pero sobre todo cabe destacar de aquel movimiento ciudadano que fuera capaz de catalizar un malestar que en los últimos años la gente sólo había expresado virtualmente. Protestar en las redes era lo fácil, lo complicado era conseguir que se saliera a la calle, y lo más difícil todavía era darle cuerpo y continuidad más de un año después aunque de forma diferente. Así es como el activismo ha logrado pasar de la Red a la calle.

El ciudadano medio ha cambiado. Aunque veamos a la gente aislada en pequeñas burbujas en los transportes públicos, pegados a su teléfono, posiblemente nunca hemos tenido tanta información ni capacidad de conexión social como ahora ¿Y qué hace un usuario hiperconectado? Regularmente, comunicarse con su entorno más cercano a través de servicios de mensajería, correo electrónico, teléfono o redes sociales, pero también consumir información, compartirla y, en menor medida, producirla y distribuirla.

Dentro de estos roles, uno ha emergido en los últimos años asociado al auge del descontento social a causa de la crisis, el de compartir contenido de tipo social o político con tintes reivindicativos. Hay ejemplos de sobra el los últimos años de cómo han sido los usuarios los que han conseguido que un tema que pasó inadvertido para los medios de comunicación se transformara en noticia. Incluso existen ahora plataformas para unificar voluntades y conseguir movilizaciones que salten de lo on line a lo off line, como Change.org, o usos de la colectividad que aúnan voluntades de cara a fines concretos, como las inciativas de crowdsourcing.

Pásalo, Ley Sinde, #NoLesVotes, 15M

Seguramente el primer precedente, el caso embrionario, fue el de las cadenas de SMS convocando a manifestarse tras el 11M con aquel famoso ‘pásalo’. Pero en el entorno actual de smartphones y redes sociales uno de los primeros casos de contenido que consiguió relevancia gracias a la Red en España fue la conocida como Ley Sinde, una reforma de la legislación en materia de internet que pretendía la creación de un órgano dependiente del Ministerio de Cultura que pudiera instar a un juez al cierre preventivo de un espacio en la Red en el que se vulneraran los derechos de autor. Dicha reforma se integraba de un conjunto de reformas más amplio dentro de lo que se dio a llamar Ley de Economía Sostenible, uno de los primeros intentos del anterior Ejecutivo de introducir medidas para suavizar la situación económica.

La Red española se movilizó contra la medida gracias, en gran parte, a la intermediación de un grupo de líderes de opinión con gran número de seguidores en las redes sociales y amplios conocimientos en el terreno del derecho digital, que consiguieron visibilizar el tema. Finalmente el equipo de la ministra se reunió con representantes de este grupo de internautas para conocer sus demandas, aunque decidió seguir adelante con la tramitación. Cuando el texto parecía languidecer, fue nuevamente presentado con algunas mínimas reformas pactadas por los grupos y, en el último momento y por sorpresa, fue rechazado en la votación de la comisión encargada de su redacción.

¿Por qué el Ejecutivo y los grupos que le apoyaban dieron tanto peso a la campaña que desde la Red se puso en marcha para detener la reforma? Las redes sociales se habían erigido como un arma poderosa en las campañas políticas después del uso que la candidatura demócrata del presidente Barack Obama hizo de ellas, y los políticos de todo el mundo –también los españoles- se lanzaron con más intención que acierto a volcar sus esfuerzos en la Red. El éxito de Obama estuvo en unir los mundos virtual y real, coordinando a través de su comunidad digital una plataforma de voluntarios que tras ser reclutados on line fueron puerta a puerta llevando la campaña a cada vecino del mundo off line.

Los políticos vieron al acercarse a la Red que las corrientes de opinión funcionan de forma diferente e imprevisible, motivo por el cual, y para evitar que la movilización ciudadana les restara votos, decidieron retirar el texto.

Aquello fue un triunfo para la movilización digital, y más en un momento en el que se tramitaban iniciativas legislativas similares en Europa y EEUU, tales como PIPA, SOPA y ACTA. Contra dichas iniciativas hubo movimientos globales, con fundido a negro de conocidas páginas web y algunos ataques cibernéticos de un grupo de hackers entonces poco conocido denominado Anonymous. Las primeras movilizaciones digitales contrastaban con los tímidos acercamientos de la mayoría de políticos a la Red, la mayoría con blogs incipientes que creaban sólo para la campaña o cuentas de Twitter mantenidas por sus equipos de comunicación que luego en algunos casos han acabado abandonando a la primera complicación.

Aquel movimiento ciudadano originado en la Red apenas tuvo predicamento en los medios tradicionales en un primer momento, pero acabó trasladándose a ellos cuando la movilización online pasó también al mundo offline: manifestaciones ante el Ministerio de Cultura, una creciente campaña contra la ministra que daba nombre al texto legal y, finalmente, la renuncia del presidente de la Academia de Cine con un discurso incendiario en la entrega de los Premios Goya ante la propia ministra. Álex de la Iglesia, tuitero además de director de cine, fue uno de los personajes públicos de aquellos días gracias al espaldarazo al movimiento de protestas.

También gracias a los usuarios de internet, la SGAE comienza a aparecer de forma regular en las noticias. En virtud del canon aprobado por el anterior Ejecutivo, que permitía gravar con un impuesto preventivo cualquier dispositivo de grabación o reproducción para reparar una posible vulneración de derechos de autor, las protestas se focalizaron contra la entidad que gestiona los ‘royalties’ artísticos del país. Su cúpula directiva, empezó a estar expuesta a la atención mediática permanente, acabó siendo investigada por prácticas como el envío de espías a actos privados para comprobar que no se vulneraban derechos de autor y, ante los indicios de delitos de estafa por una contabilidad fraudulenta, detenida y cesada.

De aquel clamor digital salió reforzado en España un movimiento ciudadano digital conocido como #NoLesVotes, una plataforma que, aunque en un primer momento sus mensajes se interpretaron en favor de la abstención activa, canalizaban su discurso contra los grupos políticos mayoritarios, en este caso PSOE, PP y CiU, por entender que gobernaban de espaldas a la voluntad popular y que el intento de aprobación de la Ley Sinde pese al rechazo suscitado era buena prueba de ello.

Junto a #NoLesVotes comenzó a emerger una plataforma de comunidades sociales offline agrupadas bajo el sello de #DemocraciaRealYa, que reivindicaba el descontento social con la clase política en general al sentir que ya no actuaban como representantes de los ciudadanos y que era necesaria la revisión del sistema de participación democrática para hacerlo más transparente, social y efectivo. Ambos colectivos, ya con la crisis en pleno apogeo, convocaron una manifestación de descontento por la gestión de los políticos de los grandes partidos que acabó derivando en la acampada de la Puerta del Sol y el movimiento social más importante de los últimos años en nuestro país.

Aquella manifestación, un domingo semanas antes de las elecciones autonómicas y municipales que marcarían un cambio de tendencia política en el país tras legislatura y media, pasó sin mayor relevancia en los medios de comunicación. Apenas algunos la cubrieron y pocos la llevaban en portada al lunes siguiente. Para entonces, un grupo de manifestantes había conseguido hacerse fuerte en la plaza más emblemática del país y comenzaron así una acampada de protesta social que se prolongó durante semanas.

Las plataformas sociales que habían generado ese movimiento dieron su salto a la Red: ante el vacío informativo en los medios tradicionales, consiguieron hacerse un hueco en las redes sociales y ser el centro de cada conversación y debate. Los medios comenzaron a hacerse eco poco a poco de lo que estaba sucediendo y, cuando el Gobierno decidió no intervenir de frente para evitar una mayor confrontación social, el movimiento se convirtió en un símbolo que llegó a las portadas de los grandes medios internacionales.

Internacionalización y contagio

Durante aquellas semanas el movimiento, nacido en el mundo ‘offline’, se articuló en la Red: se organizó en los barrios de las ciudades, organizó asambleas y debates, recogió ideas y sumó apoyos, envió portavoces a cada medio de comunicación para difundir su mensaje y se instauró en el centro del debate público. La importancia del movimiento fue tal que se contagió a otros países como Grecia, EEUU como #OccupyWallStreet o, más recientemente, a México a través de un movimiento también digital llamado #YoSoy132.

Por aquellas fechas había emergido también Julian Assange, un periodista que había conseguido hacerse con una importante cantidad de información militar estadounidense de carácter reservado. La publicación de vídeos de ataques en Oriente Medio fue rápidamente difundida por los medios y sustentada por las redes sociales, que dieron difusión a la información que Wikileaks, la plataforma creada por Assange para ir revelando información, iba publicando.

En una segunda remesa de información Assange, el hacker nacido en la Red, pactó con un nutrido grupo de diarios internacionales de primera línea la publicación de una ingente cantidad de cables diplomáticos a los que los medios de comunicación dedicaron meses de trabajo en estrictas condiciones de seguridad: sólo los altos cargos de cada medio tenían acceso a dicha información que iban deshilachando para publicar, de forma seriada, en la fecha convenida con Wikileaks.

La respuesta de EEUU a aquella filtración fue de completo rechazo porque, según decían, suponía un enorme riesgo para la seguridad de sus agentes en suelo extranjero. La supuesta fuente de Assange, un soldado con acceso a la información, fue encerrada bajo cargos de traición y aún a día de hoy espera juicio en una celda de aislamiento. Sobre Assange pesa una orden de extradición cimentada en un supuesto delito sexual cometido en Suecia que despierta no pocas sospechas entre los expertos.

Cuando terminó la explotación ‘offline’ del contenido filtrado y se inició el proceso judicial contra Assange, comenzó también una intensa oleada de activismo digital. Anonymous, el grupo hacker antes mencionado, lanzó una escalada de ataques contra las páginas web de algunas de las principales instituciones internacionales, empresas privadas y órganos que apoyaban de alguna manera el proceso contra Assange o colaboraban contra él. De la movilización se pasó al activismo y, de éste, al ciberterrorismo.

Las redes sociales también han sido la plataforma necesaria para el estallido social en otras partes del mundo. El hecho de que un frutero tunecino se quemara a lo bonzo como muestra de protesta contra el régimen de su país fue la chispa que prendió la mecha de la llamada primavera árabe. Los países del Magreb, todos ellos gobernados por dictadores auspiciados por potencias occidentales para controlar el auge del islamismo radical, sufrieron un paulatino contagio impulsado por el uso intensivo de las redes sociales.

Twitter y Facebook posibilitaron el triunfo de las revueltas en Túnez, Libia y Egipto, al menos en cuanto a si difusión externa y como herramienta de comunicación interna, y el estallido de disturbios de mayor o menor intensidad en otros puntos, como Marruecos o los Emiratos Árabes. Actualmente Siria vive una enconada guerra civil, último capítulo de un cambio social histórico en la región que no hubiera podido darse sin el uso de la Red como plataforma comunicativa en unos países donde los medios de comunicación son controlados por los regímenes que los gobiernan y la disidencia es duramente castigada.

En los días que duraron las revueltas, allí donde había grandes concentraciones humanas, los regímenes cortaban el acceso a internet para impedir que los manifestantes se comunicaran y organizaran. Fuera de la primavera árabe, en países con regímenes dictatoriales como China se controla y censura el acceso a internet y a determinadas páginas web para evitar la disidencia. En México y algunos puntos del centro de África se usan las redes sociales como sistema de alerta interna para evitar a narcotraficantes y guerrilleros, y en casos de catástrofe natural también han sido una potente herramienta de avisos a la población.

Un sistema en cuestión

La Red ha dejado de ser un recurso útil para convertirse en una plataforma de expresión y de cambio social capaz de cambiar la agenda mediática, propiciar acciones violentas o, incluso, hacer caer Gobiernos. El paso del mundo ‘offline’ al ‘online’ es más breve que nunca.

Si en el contexto internacional la movilización en el entorno digital ha servido para revelar secretos o para derrocar Gobiernos, en España ha conseguido mantener un debate de fondo en el que se cuestiona la validez del sistema democrático en el que funcionamos. La tesis defendida por los movimientos herederos de #NoLesVotes y #DemocraciaRealYa es que los políticos han demostrado ser incapaces para gestionar la crisis, algo contra lo que intentan luchar aprovechando sus holgadas mayorías para perpetuar un sistema que, entienden, no es representativo sino garantista.

Dentro de esta lógica, perciben un sistema democrático construido sobre una ley electoral injusta que se hizo en su día para evitar la disgregación de un Parlamento recién nacido en un país inestable, ley que se ha prolongado en el tiempo de forma injustificada y que sobrerrepresenta a los dos grandes partidos nacionales y castiga al resto de formaciones. Siguiendo la lógica de funcionamiento de los medios de comunicación, que prestan mayor atención a los hechos más relevantes o influyentes, las dos grandes fuerzas gozarían de potentes plataformas mediáticas para difundir su mensaje mientras que las formaciones pequeñas tienen que inventar sus propios cauces para competir contra ellos a duras penas.

La percepción de estos movimientos sociales, que operan eminentemente en un entorno digital, es que se asumen las tesis bipartidistas, se da una única opción de modelo de democracia y, entre ambas grandes fuerzas, se blinda un sistema inamovible y alejado de las inquietudes ciudadanas. No es casual que terceras fuerzas políticas nacionales gocen de una enorme capacidad de movilización en internet, ya que han buscado ahí un entorno más propicio.

Este sentir queda reflejado en la evolución de los datos electorales: la abstención se dispara en los últimos años, llegando a superar en algunas elecciones a la propia participación. Además la abstención se silencia, porque no es cierto que los dos grandes partidos sumen el 70% de las voluntades, sino el 70% de los votos emitidos que, sobre una participación del 60% se traduce en poco más de un 40% de apoyo social real a los grupos que manejan el funcionamiento del Estado.

Al progresivo desapego respecto a la clase política por parte de los ciudadanos no ha ayudado el descontento por la prolongada crisis, generando una situación que empiezan a reflejar de forma llamativa los barómetros sociológicos del CIS: los políticos y la corrupción copan los primeros puestos de las preocupaciones ciudadanas, junto a la crisis y sus derivaciones. Las principales fuerzas políticas pierden apoyo en beneficio de segundas opciones, todavía minoritarias, pero emergentes.

Estas fuerzas nacionales emergentes, fundamentalmente IU, UPyD y, en menor medida, Equo, hacen de su infrarrepresentación social una bandera de lucha social y, de su infrarrepresentación mediática, una reivindicación por un espacio que, entienden, les corresponde. Forzadas a buscar un hueco para su discurso lejos de las plataformas tradicionales, se han hecho fuertes en la Red, donde sí logran difundir sus mensajes y ganar adeptos que replican sus visiones de la realidad. El mejor ejemplo es posiblemente Compromís, cuya diputada autonómica Mónica Oltra logró una enorme notoriedad gracias a los vídeos de YouTube que se grabaron de los plenos en los que discutía con el Gobierno valenciano enfundada en llamativas camisetas que le han granjeado una creciente popularidad y presencia pública: gracias a esos vídeos pasó a aparecer en programas de gran audiencia y de difusión nacional, tales como Buenafuente o Salvados.

La crisis y este descontento ha terminado de conseguir algo que la red lleva unos años provocando: de darle a ‘me gusta’ a un mensaje, a ‘firmar’ una petición o a ‘retuitear’ un lema el usuario medio ha traspasado la pantalla, ha dejado de ser un manifestante de sillón y ha salido a la calle. El problema planteado no es una cuestión de orden público únicamente, sino de replanteamiento del sistema. Quizá como pasó con el 15M el primer brote es España, pero no el último. Y quizá la demanda social tenga más éxito cuando suceda en el corazón de Wall Street, en la Plaza Syntagma o en las calles de Oriente Próximo.

Fotos: Borja Ventura (CC, úsalas si quieres)