Tras las protestas del 25-S y la actuación policial con disparos de cargas de pólvora para mayor congoja de la estación de Atocha en Madrid, varios políticos del partido en el poder han hablado de modular el derecho a manifestación. Así, tanto Cristina Cifuentes, delegada del Gobierno en Madrid y última responsable de la estrategia de los antidisturbios; como la alcaldesa y el presidente de la Comunidad de Madrid por sucesión, Ana Botella e Ignacio González, consideran que “la Ley Orgánica de 1983 [que regula este derecho]” es “muy permisiva y amplia”. Lo cierto es que el Partido Popular surfea una ola que ya ha pasado por varios países en lo que va de 2012.
Un ejemplo con tesis es Rusia, donde la encarcelación de activistas antigubernamentales es una práctica relativamente común y su presidente, Vladimir Putín, firmó el pasado junio una ley que establece multas máximas potenciales de 9.000 dólares para manifestantes individuales que pueden llegar a 30.000 en caso de ser organizadores. Ante quien opine que ese es el tipo de asuntos que solo pasan en Rusia, debería echarle un vistazo a la muy civilizada Canadá.
Tras el anuncio en febrero de este año de Jean Charest, entonces primer ministro de Quebec, de incrementar las bajas tasas universitarias en un 60%, varias organizaciones estudiantiles protagonizaron unos meses de manifestaciones nocturnas en las que, cierto es, algún que otro desperfecto se causó y hubo choques entre policía y manifestantes.
La respuesta del gobierno de Quebec fue suspender las clases en las universidades afectadas hasta agosto, aprobar multas de hasta 125.000 dólares canadienses-unos 100.000 euros- para las asociaciones de estudiantes que rompieran la ley, prohibir tanto las manifestaciones a menos de 50 metros de las universidades como que los participantes llevarán máscaras, exigir a los organizadores una agenda con ocho horas de antelación y permitir que la policía pudiera cambiar las rutas en base a la seguridad pública. Estas medidas, que la independentista y nueva primer ministro, Pauline Marois, retiró nada más salir su primer gobierno a finales de septiembre, llevaron a que a los pocos días unos 700 manifestantes fueran arrestados.
Otro lugar donde los escolares han estado un poco moviditos ha sido Chile. Los estudiantes del país de los ingleses de América Latina, liderados por Camila Vallejo, exigieron a lo largo de 2011, con varias resacas este año, una mejora en las condiciones económicas de la educación de uno de los Estados con mayor grado de desigualdad entre pobres y ricos de América Latina.
El multimillonario de las tarjetas de crédito y presidente del país, Sebastián Piñera, respondió poniendo encima de la mesa con carácter de “suma urgencia” la llamada ley Hinzpeter, una iniciativa que modifica el delito de desórdenes públicos y, según sus detractores, puede llevar a aplicar la misma pena de tres años de cárcel tanto al que sostiene una pancarta y para el tráfico como al que te quema un contenedor siempre que, por ejemplo, ambos interrumpan un servicio público, haciendo además responsables económicos (de nuevo a por el pecunio) de los posibles destrozos a los organizadores. Aunque Piñera le ha retirado la “suma urgencia” al proyecto, durante el discurso de los presupuestos del Estado 2013 reiteró su apoyo a la ley además de anunciar un incremento de un 9,4% en educación.
El gran vecino de Norteamérica, EE UU, también ha pasado su propia ley moduladora del derecho de manifestación. Firmada por el presidente Barack Obama en marzo con el inaudito y casi unánime apoyo del Congreso, la ley H.R. 347, llamada Federal Restricted Buildings and Grounds Improvement Act of 2011, ha sido denominada por ciertos analistas como anti-Ocuppy y en la práctica permite presentar cargos contra ciudadanos involucrados en protestas políticas en cualquier lugar donde esté el servicio secreto, con penas de uno hasta 10 años de prisión federal en caso de entrar con “conocimiento” en una zona restringida sin autorización, realizar una conducta “disruptiva y desordenada”, bloquear las salidas o las entradas a dichas zonas y por supuesto ejercer la violencia física.
Estos lugares son tanto espacios protegidos por el servicio secreto estadounidense o donde se halle una persona protegida por estos así como los National Special Security Event, acontecimientos que van desde el funeral del expresidente Reagan hasta la SuperBowl. Como bromea el cómico Lee Camp en un post en el Huffington Post, las situaciones posibles van desde desfilar delante de las Convenciones Nacionales de los partidos políticos, gritar “C**k-face corporate whore” delante de la barbería donde Mitt Rommey se recorta las patillas, protestar ante la entrada de la bolsa de Nueva York o lanzarle purpurina a Rick Santorum.
También en Europa ha habido su parte. Si Francia prohibió las protestas de musulmanes contra el impertinente trailer de la vida del profeta Mahoma y recordaba a los posibles manifestantes ilegales que se enfrentaban a una multa de 7.500 euros y seis meses de cárcel, en España la flamante reforma del Código Penal introduce un nuevo delito, penado con entre tres meses y un año de cárcel, por difundir mensajes a través de las redes sociales que inciten a alteraciones del orden público, y finalmente, tras el globo sonda mandado en abril, recularon de subir la tipificación para los delitos de resistencia pasiva y desobediencia grave en el capítulo de atentados a la autoridad. A ver que hacen esta vez.
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Foto 1: US Library of Congress Wikimedia Commons Foto 2: Brian Lapuz, Flickr bajo lic. CC.
