Lo denuncian dos profesores de universidad, Jules Boykoff y Alan Tomlinson, en un artículo publicado en The New York Times en el que emiten un juicio contundente sobre el COI, «una organización elitista, dominante y burdamente comercial», compuesta por varios miembros de la realeza y con una forma de operar rodeada de opacidad.
Los autores critican las presiones legislativas que ejercen sobre las ciudades organizadoras. Se les obliga a cambiar sus leyes para cumplir con el reglamento de las Olimpiadas que prohíbe cualquier muestra de oposición dentro de ellas. «Cuando Vancouver organizó los juegos de invierno en 2010, la ciudad aprobó una ordenanza que prohibía carteles que no ‘celebraban’ las olimpiadas (…) La ley daba potestad a las autoridades a retirar este tipo de señales incluso de propiedad privada».
Al margen del artículo sorprende también el excesivo celo que muestra el COI a la hora de controlar cualquier uso de la simbología de las Olimpiadas que no sea de los patrocinadores oficiales.
Un ejemplo: una pequeña tienda de ropa interior decoró su escaparate en el condado de Leicestershire con los aros de los JJOO coincidiendo con el paso de la antorcha en abril. Las autoridades les obligaron a modificarlo por ser demasiado parecido al emblema que está protegido por copyright.
Según the Independent, la universidad de Derby fue obligada a quitar un cartel que decía «apoyamos las Olimpiadas de Londres». A un grupo de pasteleros se les informó que utilizar el logo de los juegos en sus tartas era inaceptable.
«Han perdido todo sentido razonable y proporcional. Se vendió a los ciudadanos que los juegos serían un estímulo para la economía británica. Las pequeñas empresas deberían poder considerarlos una oportunidad en vez de una amenaza. Hicimos un estudio detallado entre nuestros miembros y solo un 7 por ciento pensaron que les beneficiaría mientras que una cuarta parte dijeron que afectaría a su negocio», declaró a The Independent John Walker, presidente de la asociación de pequeños negocios en Reino Unido.
Hay otros temas que también inquietan en el artículo de Boykoff y Tomlinson: –
Se han habilitado casi 400 kilómetros de carriles VIP en la ciudad. Una privatización en toda regla de las carreteras que pagan todos los británicos.
– Residentes de algunos edificios residenciales en Londres han sido informados de que se instalarán lanzamisiles en su azotea.
Es difícil poner en duda casos de éxito como las Olimpiadas de Barcelona y Sydney pero éstas parecen ser las excepciones no la norma. Organizar estos eventos se vuelve una forma muy poco creativa y costosa para transformar una ciudad.
Transformaciones que no siempre caen a favor del ciudadano y que en el caso de Grecia dejó las arcas públicas vacías. En el caso de la Caja Mágica en Madrid, una infraestructura pública que se ha utilizado para postularse para organizar las Olimpiadas, el edificio está lleno de equipamiento deportivo para los residentes de la zona. Equipamiento que ha sido alquilado a un equipo de Fórmula 1 al no ser sostenibles su mantenimiento.
Si los ciudadanos de un país que han financiado una buena parte de los juegos con sus impuestos no tienen derecho a hacer uso de los símbolos olímpicos, algo falla en la ecuación.
Nadie duda que los patrocinadores pagan mucho dinero para serlo y tienen derecho a aprovecharlo. Pero las Olimpiadas son patrimonio de la humanidad y se necesita otra forma de gestionar este contrato social entre el COI y la sociedad que tanto hace para organizar estos eventos.
