Una ciudad es una extensión identitaria de los habitantes que la ocupan. Por eso, al igual que ellos, las ciudades también corren el riesgo de convertirse en caricaturas de sí mismas. Todos conocerán a algún tipo raro que se carga de gadgets solo para tratar de parecer un geek. Con los lugares en los que vivimos ocurre algo similar: si se implementan las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) sin un objetivo y una planificación racional, se acabarán convirtiendo en mamarrachos que han malgastado el dinero en cacharros.
El urbanismo, como ente vivo y mutante, sufre el constante empuje del diseño, el pensamiento o la conceptualización de ideas que amenaza a cualquier parcela del conocimiento. Se trata de algo más que la planificación de las ciudades según los patrones tradicionales de organización y estructuración. La aplicación de la tecnología para convertir a las urbes en espacios más sostenibles y racionales ha acuñado el término Smart City (ciudad inteligente).
El problema llegó cuando, como cualquier corriente, idea o filosofía, se muestra susceptible de ser desarrollada de una manera que se aleja de su concepción inicial. Como además, hablamos de un jardín en el que se mueven –fluctuaciones a causa de la crisis aparte— unos cuantos cientos de millones de euros, se eleva el riesgo de que se convierta en una burbuja llena de negocios opacos pero vacía de significado. Lo que pretendía ser una Smart City se convertiría así, por arte del despilfarro y ausencia de planificación, en una Stupid City.
La teoría suele ser sencilla. Para Juanjo Olmo, diseñador y fabber en el laboratorio de fabricación digital ehcofab, una Smart City “es aquella que pone a disposición de sus ciudadanos tecnologías, desde las más primitivas hasta las más avanzadas, para que puedan desarrollar mejor sus vidas”. El problema viene cuando se intenta instrumentalizar este propósito de mejora urbana para obtener réditos políticos o, lo que es peor, otros de más oscura índole y dudosa legalidad.
En #stupidcities, la sesión de noviembre del ciclo [sic], una serie de debates sobre sociedad de la información y el conocimiento celebrados en Sevilla y organizados conjuntamente por el JRC-IPTS, la UOC y la Junta de Andalucía, los ponentes incidieron en la necesidad de que cada solución fuese adecuada y sostenible a un problema social o ambiental, y en el hecho de que, bajo algunas circunstancias, parece que el concepto de Smart City se ha convertido en un contenedor en el que los gestores públicos vuelcan cualquier programa más o menos coherente de gestión urbana. Ese temor es consecuencia de la observación de algunos ejemplos de una mala aplicación de la idea.
Frente al ejemplo paradigmático de la red de transporte de Curitiba, con un gran esfuerzo de integración, prioridad y unos altos estándares de calidad, proyectos con igual o mayor financiación como el tranvía de Jaén o el Metro de Sevilla han obtenido resultados de implantación menos eficientes.
Otro ejemplo es la sevillana Torre Cajasol o Torre Pelli, el edificio más alto de Andalucía, que fue proyectado sin mirar a las soluciones tradicionales aplicadas en una ciudad como Sevilla y que, en verano, alcanza temperaturas de más de 40 grados.
[pullquote]La definición de Smart City debe desligarse de la tecnología como motor principal[/pullquote]
La definición de Smart City debe desligarse de la tecnología como motor principal. Su reivindicación como ciudad plena pasa por una recuperación del control y la responsabilidad por parte de los ciudadanos. El arquitecto Esteban de Manuel apela a la recuperación “del sentido de la ciudadanía acuñado en la polis griega. Todos debemos hacernos responsables de la ciudad; si pensamos que es posible sin esa corresponsabilidad, que basta con que tengamos buenos gestores, estamos equivocados”.
Porque, entre otras cosas, es muy difícil saber si los gestores son eficientes cuando la transparencia y la apertura en la gestión son animales mitológicos solo vistos en cuentos y leyendas. La arquitecta Reyes Gallegos cree en la necesidad de que las ciudades dispongan de “un gobierno abierto y transparente, capaz de cambiar la relación entre los gestores públicos y los ciudadanos implicados, así como gobiernos que trabajen conjuntamente con equipos de expertos y ciudadanos en la toma de decisiones, sobre las que cualquiera pueda informarse y tener conocimiento del proceso, desde el principio hasta el final”.
Jaime Díez, portavoz de Mazetas, una oficina de arquitectura y diseño eficiente y sostenible, se muestra muy escéptico con la viabilidad económica aplicada al concepto de Smart City. Materializa el ejemplo en el campo del Big Data. “Mientras las grandes empresas obtienen sus datos de los movimientos de los ciudadanos, que son el origen de los datos, esos beneficios no revierten en absoluto sobre el bienestar, no se permite que la sociedad tenga el control sobre esa tecnología”.
No es una cuestión de avance científico y tecnológico sino de entendimiento de la ciudadanía misma, del rol que adoptan los responsables de gobernar y el control y la exigencia que asumen los habitantes de las ciudades. Estas no son más que proyecciones de las personas que les dan vida, así que, mientras cada agente implicado en la planificación y uso del espacio urbano no sea capaz de ejercer su responsabilidad, estas correrán el riesgo de dejar de ser inteligentes y convertirse en estúpidas e ineficientes.
