Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México el año pasado se cometieron en este país veintisiete millones setecientos sesenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y siete (27.769.447) delitos causando un total de veintiún millones seiscientas tres mil novecientas noventa víctimas (21.603.990). Ente ellos se contabilizan 26.037 homicidios y más de 105.000 secuestros, una media de 288 raptos al día.
A su vez, se da la circunstancia de que, según indica la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2013, 25. 573.200 de esos ilícitos no se denunciaron. Como razón principal el estudio habla de “desconfianza de la ciudadanía en las autoridades”. La gran mayoría de hechos delictivos finalmente quedaron sin juzgar.
Esta grave desatención al crimen se da en un país cuya capital, según reveló el propio gobierno del Distrito Federal en 2012, tiene “13.000 cámaras que vigilan palmo a palmo la ciudad –contando las cámaras de las entidades privadas-, por lo que es una de las mejores en cuanto a la seguridad y capacidad de respuesta de un gobierno hacia los ciudadanos”. Tal y como afirmó el propio Jefe de Gobierno del DF: “la ciudad de México es la metrópoli más vigilada del mundo”. Estas aseveraciones son difíciles de digerir si se tienen en cuenta las estadísticas antes citadas.
Ernesto López Portillo, director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) -una organización que promueve en México el ejercicio del Derecho Humano a la Seguridad y que está calificada como uno de los 22 Think Tank más influyentes de Norteamérica- no está de acuerdo con esa valoración. “El problema es que existe un gran número de delitos y faltas en los que están involucrados directamente los cuerpos de seguridad. ¿Qué ocurre? Que si en los delitos que graban las cámaras hay policías, y son los propios policías quienes se encargan de gestionar esas grabaciones y facilitárselas a la fiscalía y a los jueces, pues no hay caso. No podría decirle si la videovigilancia oficial es efectiva, porque la policía se evalúa a sí misma y todo lo que maneja dentro de su ámbito disciplinario es una auténtica caja negra. Se aprobaron leyes de transparencia, pero invocan a la ‘información reservada’ o a la ‘seguridad nacional’ para no desvelar las pruebas que les incriminan”.
El experto indica que según las encuestas oficiales “7 de cada 10 mexicanos confía poco o nada en la policía”. Y según una reciente indagación de la encuestadora MITOFSKY “el mayor temor del 24% de la población son los propios cuerpos de seguridad”.
Sobre este escenario se han colado en lo últimos años unos pequeños artefactos que podrían suponer un apretón a la tuerca de la impunidad en México. Resulta que ahora, este Gran Hermano con tendencia a olvidar lo que hagan sus gestores policiales, tendrá que convivir con una microcompetencia cada vez más efectiva: cámaras cuyos archivos no pasan por las manos de los agentes y que también están por todas partes.
El pasado 20 de septiembre el ciudadano colombiano John Jairo Guzmán Vázquez fue secuestrado a plena luz del día en la Colonia Narvarte (Ciudad de México). El raptado sigue en paradero desconocido y, según todas las conjeturas, se trataba del típico caso susceptible de acabar en el más absoluto olvido. Las miles de cámaras manejadas por el gobierno, una vez más, parecían no haber visto nada. La diferencia esta vez la marcó el hecho de que un vecino grabase el plagio con su celular y lo subiera a YouTube. Eran miembros de la policía los que estaban llevando a cabo ese secuestro. Ahora, el proceso contra los agentes que perpetraron el delito y los que manejaban el sistema de videovigilancia –también involucrados- está sorpresivamente abierto y en marcha.
Otro ciudadano consiguió hace poco grabar a un uniformado manteniendo relaciones sexuales en el coche patrulla y en horario de servicio. Otro inmortalizó el intento de secuestro con violencia de un menor que llevaba a cabo otro agente y otro más atinó a grabar el maltrato al que un policía vestido de paisano sometía a un menor que vendía tabaco ambulantemente. A todos ellos se les ha pedido cuentas en función del grado de su transgresión.
Poco a poco, el hecho de que en la actualidad muchos transeúntes dispongan de una cámara en su propio bolsillo –7 de cada 10 mexicanos poseerán un Smartphone para el año 2015 según la consultora The Competitive Intelligence Unit- está creando una ‘amenaza’ en materia de seguridad para el propio estado y los agentes de la ley. En los medios de este país, aunque a cuentagotas, no cesan de aparecer vídeos de anónimos que han logrado poner luz a la ceguera de la videovigilancia pública.
¿Podría suponer el hecho de que los ciudadanos tengan una cámara a mano un freno al tsunami delictivo de un país como México?
López Portillo opina que este parche con carcasa tiene su lado bueno y su lado malo. “Que la gente disponga de cámaras y se estén realizando este tipo de vídeos, que son material probatorio, tiene un gran potencial para inhibir el crimen de la propia policía. Por otro lado, estos vídeos de aficionados también pueden convertirse en algo peligroso, ya que al ser utilizados por los medios en vez de por los jueces, como suele suceder, se crean juicios mediáticos. Es decir, juzga la prensa en vez de ser un juez en un proceso el encargado de manejar este material. Y eso es negativo. Además la propia persona que graba, si no queda en el total anonimato, también puede correr riesgos”.
El experto considera que la solución de contar con un ejército de ciudadanos con la misma capacidad de vigilancia que las fuerzas públicas es útil tan solo en parte. Desde su organización preferirían que el problema, lejos de involucrar a los habitantes en funciones policiales, pasase porque se llevase a cabo la reforma policial por la que llevan años abogando.
“Lo realmente necesario es que se de una reingeniería institucional, que va mucho más allá de dar cursos y capacitaciones a los agentes –algo en lo que Insyde participa activamente-. Se trata de reconciliar a la policía con la sociedad”, aporta el director ejecutivo del Instituto.“Para ello es necesario crear un protocolo, unos estándares y unos indicadores de desempeño efectivos. Es primordial que se desarrollen y mejoren métodos como la evaluación de los agentes, que haya mayor formación, una promoción adecuada, que exista acceso a la información que reservan, un mejor reparto de los efectivos en el país y sistemas útiles de control disciplinario que estén forzosamente regulados. Todo eso, por supuesto, debe contar con una contrapartida para ellos, como es la mejora de sus derechos, de sus salarios, garantías para su defensa o prestaciones para sus familias. A diferencia de los países europeos, esas cosas aún están lejos de lograrse en México”.
– ¿Por qué cree que no se lleva a cabo esa reforma policial que ustedes proponen?
– Hay varias razones. La primera es que la clase política en México no quiere conflicto con la policía. Primero por evitar problemas, y segundo, porque existe una cantidad (desconocida pero importante) de complicidades entre policía y políticos que se benefician de los negocios criminales que llevan a cabo los primeros. Además, tampoco se hace la reforma porque lleva tiempo. Para hacer una buena reforma policial harían falta al menos 15 años, y los políticos solo piensan en el corto plazo y las siguientes elecciones.
Para López Portillo una de las primeras medidas que habría que tomar es que el sistema de videovigilancia cambie de manos. “En el caso del colombiano secuestrado, por ejemplo, uno de los mandos que debía revisar el caso y recopilar sus pruebas estaba incluso en el propio vídeo, participando en el secuestro. Lo que sería realmente útil y hemos propuesto, más que las cámaras de los celulares de la gente, es que se creen auditores de policías externos, trabajadores a cargo de las cámaras oficiales que estén encargados de vigilar también a la policía. Una figura que en inglés se conoce como Civilian Police Oversight y que, al parecer, van a empezar a funcionar en lugares como Campeche, Querétaro o Oaxaca.
Mientras el problema se trata de solucionar a pasos, las organizaciones pro derechos humanos trabajan y la reforma policial llega, miles de cámaras diminutas permanecen agazapadas en los bolsos y los pantalones de los ciudadanos preparadas para cazar todas aquellas imágenes que las cámaras oficiales no suelen ver. “Si realmente son útiles estas grabaciones caseras y se utilizan en procesos judiciales y no solo en medios, bienvenidas sean por el bien nuestra sociedad”, culmina su opinión López Portillo.
En la era de los smartphones, a la corrupción del Gran Hermano Policial le han salido miles de fiscalizadores con fondo de pantalla. La lucha de los ciudadanos por la potabilización de su seguridad podría ser cuestión de un celular con batería.
