Después de casi una década de crisis económica, España lleva dos años creciendo y creando empleo. Así lo corroboran los datos, pero ¿por qué a los jóvenes nos cuesta tanto creerlo? Más allá de la incredulidad, el desencanto y la desafección política, nuestra experiencia nos hace dudar. «Al iniciarse la crisis, la tasa de ocupación de los menores de 30 años era del 71%. En lo peor de la crisis, la de los jóvenes llegó a caer por debajo del 50%. Hoy sigue siendo nueve puntos inferior a la de 2008». Este es el punto de partida de El muro invisible. Las dificultades de ser joven en España (Debate, 2017), el nuevo libro de los analistas políticos Politikon.
Los integrantes (nacidos entre 1981 y 1988) advierten en este libro de una peligrosa ruptura entre generaciones que pone en riesgo el Estado de Bienestar: «los trabajadores actuales pagamos las pensiones a los mayores porque esperamos que la siguiente generación haga lo mismo por nosotros», pero, ¿realmente la generación joven va a poder sostener a la que le precede? ¿Viviremos los milenials peor que nuestros padres? Según los autores, las políticas públicas no van encaminadas a resolverlo:
«Una parte cada vez mayor del gasto público va dirigido a las pensiones, mientras que otras partidas, como el presupuesto educativo, languidece»; esto sumado a que «mayores y jóvenes votan cada vez a formaciones políticas más diferentes». Los jóvenes, además, son minoría y esto los hace «cada vez menos decisivos en unas elecciones», por no hablar de su menor participación, sobre todo cuando estos tienen un menor nivel educativo y son más vulnerables económicamente, lo que da lugar a una segunda brecha. No hay, por ello, una juventud, sino varias, y todas precisan de soluciones.
El libro ofrece propuestas, remedios, recetas para comenzar a curar este mal endémico y construir una nueva y saneada estructura social, política y económica que sirva como base para seguir poniendo ladrillos al muro. Rescatamos diez:
1. Fomentar las ayudas al alquiler. Comencemos con una ley que ya entró en vigor en 2008. Se trata de la Renta Básica de Emancipación (RBE), aprobada por Carme Chacón, por entonces ministra de Vivienda, durante la segunda legislatura de Zapatero. Consistía en una ayuda de 210 euros al mes para jóvenes entre 22 y 30 años. Sus efectos fueron «en apariencia positivos», y quizás por eso a principios de este año el actual gobierno «anunció nuevas ayudas como parte del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 que quizá puedan cumplir una función similar». De acuerdo con esto, ahora se ampliará el rango de edad hasta los 35 y se fijará un margen de alquiler concreto (se incrementa de 600 a 900 el coste máximo de los alquileres que se podrán beneficiar de las ayudas). La contribución se prolongará por un máximo de dos años, tres en el caso de los menores de 35 años, que podrán percibir hasta un 50% del alquiler, según datos del Ministerio de Fomento.
2. Eliminar la repetición, facilitar el acceso a la formación profesional y reforzar la atención individualizada. La educación figura como punto decisivo en El muro invisible. Sus autores ponen el foco en la lucha contra el abandono escolar, causa flagrante de buena parte del desempleo juvenil. Para frenarlo hay que eliminar el sistema de repetición. En países como Noruega, Suecia o Reino Unido, «no existe o es algo testimonial». En los países nórdicos como Finlandia o Dinamarca, por ejemplo, «el porcentaje de estudiantes que ha repetido una o más veces en primaria y secundaria es inferior al 5 por ciento». En España asciende al tercio de los estudiantes.
«Es una política cara, ineficaz, injusta y perjudicial para los estudiantes». Estos cambian de compañeros, de ambiente y a veces hasta de profesores; en suma, la desmotivación (también por el propio fracaso) cunde entre ellos. ¿Una posible solución? «Combinar la eliminación de la repetición con políticas que contribuyan a nivelar a los estudiantes durante el año escolar» a través de la repetición modular (es decir, cursar de nuevo sólo las asignaturas que el alumno haya suspendido), como ocurre en Canadá y en Estados Unidos, y del refuerzo, la orientación, la detección temprana de problemas y la atención individualizada. Hay más alternativas: en Finlandia, los alumnos rezagados tienen la opción de cursar un año adicional de refuerzo «durante el cual recibirá orientación sobre las opciones que tiene a su disposición cuando acabe».
Otra propuesta urgente es facilitar el acceso a la formación profesional. En un afán por revestirla de un mayor prestigio, «las reformas de los años ochenta y noventa (que desembocaron en la LOGSE) cerraron la entrada a la formación de grado medio a los estudiantes que carecían del certificado de la ESO». Lo mismo se hizo con las enseñanzas de grado superior, impidiendo el acceso a los que no poseían el título de bachillerato. Afortunadamente, desde 2016 se puede pasar de una formación a otra una vez finiquitada la primera, pero el gran muro persiste. Los autores, frente a esto, proponen establecer «un sistema basado en las asignaturas aprobadas para dar más flexibilidad a los estudiantes rezagados», como está establecido en el modelo británico, o bien, como en Finlandia, «priorizar en los criterios de admisión a los estudiantes que hayan abandonado el sistema educativo de forma prematura».
3. Modificar la protección por despido. Hoy en día, los trabajadores temporales –y por tanto muchos jóvenes– sufren la dualidad del actual panorama laboral español: por un lado, si la protección por desempleo es alta, el dinamismo se congelará, pues despedir y contratar será más caro; por otro, si es baja, “el mercado laboral será flexible y resultará más fácil perder y encontrar trabajos”. Ante esto, apuestan por un modelo de contrato único que elimine la brecha de protección. Hay diversas modalidades, pero Politikon se queda con el contrato de indemnización marginal decreciente (de 33 a 5 días por año trabajado) que busca penalizar la temporalidad “haciéndola más costosa”, pero “sin olvidarse del despido de las personas con mayor experiencia”, ya que con un contrato así el trabajador aumenta en el tiempo su total acumulado pero a un ritmo cada vez menor: “el primer año se suman 33 días de indemnización, el segundo 31,5 y así hasta llegar a los 5”. Este modelo conlleva un desincentivo a rotar los trabajadores y pone límite a la indemnización, que no crece ilimitadamente, sino que tiende a un máximo. Para compensar, los derechos a la percepción de desempleo se acumularían en una cuenta individual, la llamada mochila austriaca, y la cantidad allí depositada, si no se usa en el tiempo de trabajo, se recibirá en la jubilación.
4. Importar la mochila austriaca, o lo que es lo mismo, un fondo asociado a cada trabajador por la empresa; una hucha que le acompañará durante toda su vida laboral. En el modelo de contrato que trataba el punto anterior la mochila austriaca cobra una mayor importancia como complemento. Los autores de El muro invisible proponen “una segunda posibilidad” más generosa de esta mochila que llegase al 5,9% del salario bruto y no a un 1,53%, como está establecido en Austria. Así, serviría para compensar la evolución marginalmente decreciente del contrato propuesto por Politikon.
5. Cerrar la brecha entre temporales e indefinidos a través de un paro más generoso y una indemnización más baja. Una buena idea sería apostar por «sistemas que combinen un seguro de desempleo amplio y generoso para el trabajador y una baja indemnización por despido» porque en el caso de paro de larga duración: la prestación no es suficiente. Por otro lado, «los jóvenes menos formados y de origen humilde» no reciben tanta cantidad de prestación por desempleo, lo que añade otro problema. Una posible solución es el «seguro de desempleo inclusivo», pero para su buen funcionamiento «debería ser complementado con acciones encaminadas a reducir la suma total de desempleo estructural».
6. Ayudas para la primera infancia, potenciar la baja por paternidad y adaptar las políticas a los nuevos modelos de familia. El cheque bebé, opinan los autores, no fue una buena idea. Una ayuda puntual y breve en el tiempo no frena la caída de la natalidad, pero hay otras políticas posibles: “desde ventajas fiscales para las mujeres o para las familias con hijos hasta modificar los horarios escolares y laborales para facilitar la conciliación familiar”, fomentando, por ejemplo, escuelas infantiles para niños de 0 a 3 años. Por eso es necesario regular “las políticas asimétricas para hombres y mujeres” en cuanto a las bajas de maternidad y paternidad, ya que estas “potencian el papel principal” de los hombres “en la esfera profesional” (su baja está, de hecho, “mal vista socialmente”) mientras que las segundas quedan relegadas a la vida doméstica, siendo más costoso para ellas reincorporarse al mercado laboral, lo que incrementa directamente la desigualdad entre ambos sexos. Una opción de reforma: crear permisos de paternidad iguales, mejor remunerados y con posibilidad de ser transferidos. Para lograrlo, proponen establecer una mayor retribución económica durante un espacio más corto de tiempo, así como fijar un número determinado de semanas por cada miembro de la pareja, o bien fijar otro sin posibilidad de cambios.
7. Potenciar el papel económico de las mujeres (y, de paso, la natalidad). Puede parecer contradictorio en un principio. El cambio de papel de las mujeres en nuestra sociedad y sus aspiraciones económicas es una de las grandes fuerzas que explica el cambio en nuestra demografía. Sin embargo, los autores catalogan esto como «falso dilema», ya que «cuando se proponga un sistema de bienestar que facilite la libre decisión en pie de igualdad» aumentará la natalidad. ¿Por qué? Fácil: en España, las mujeres que trabajan son las que tienen más hijos. Además, «lo que muestran los datos es que las familias tienen menos hijos de los que les gustaría tener».
8. Apostar por un nuevo Estado del Bienestar inclusivo en el que jóvenes, mujeres y niños estén en el centro de la estrategia de gasto. El que hoy tenemos, aseguran, «es una herencia del pasado, concebido para responder a problemas de un mundo distinto al de hoy». «Tiende a proteger a los mayores –que fueron en verdad un colectivo vulnerable en el pasado– en buena medida a costa de los jóvenes», explican. Es una idea recurrente a lo largo del texto: las políticas están, interesadamente, más enfocadas en los mayores que en los jóvenes, pues es un hecho que el suyo es un grupo de presión con mayor peso en nuestro sistema democrático. Sugieren los autores universalizar el calado estructural del sistema haciéndolo más inclusivo, ya que la experiencia en otros países muestra que estos «tienen a funcionar mejor en el plano redistributivo».
Para asegurar su viabilidad (ya que nuestro Estado del Bienestar no está elaborado sobre una base universalista sino contributiva) cualquier reforma «deberá ir acompañada de una dotación presupuestaria adecuada, financiada bien con un aumento de impuestos o bien con un recorte de otros gastos». Politikon dixit: «El Estado del Bienestar en España no redistribuye hacia los que más lo necesitan. En nuestro país las transferencias de renta no son como Robin Hood, sino más bien como el sheriff de Nottingham: dan más a los que más tienen y, con ello, contribuyen a ampliar la desigualdad».
9. Seguir adelante con el factor de sostenibilidad de las pensiones. En 2019 entrará en vigor el factor de sostenibilidad de las pensiones. Hasta ahora, al jubilarnos, se tenían en cuenta ciertas variables a la hora de calcular la pensión, como los años cotizados, la cuantía, la edad, etcétera. Con el factor de sostenibilidad se añadirán dos más: el factor de equidad intergeneracional (FEI) y el factor de revalorización anual (FRA). El primero responde a la esperanza de vida en el momento del cálculo de la pensión de los nuevos jubilados y se revisará cada 5 años; el segundo, por su parte, a la salud de las arcas públicas. Esto es, presumiblemente los jubilados cobrarán menos en más tiempo, algo que estos expertos creen necesario para volver al equilibrio generacional, al menos mientras los índices de natalidad sigan tan bajos y el desempleo juvenil tan alto.
10. Una política de ingresos mínimos similar a la que el gobierno vasco implantó en 1989 al instaurar la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). Se trata, verdaderamente, de un sistema de renta básica único en España que garantiza “ciertos ingresos mínimos” a los solicitantes que cumplan ciertas condiciones. Los requisitos para obtenerla, salvo alguna excepción, son: constituir una unidad de convivencia como mínimo de un año de antelación a la fecha de presentación de la solicitud, estar empadronado y tener residencia en el País Vasco durante los tres años anteriores, no disponer de recursos suficientes, tener más de 23 años, haber solicitado ya todas las prestaciones económicas que puedan corresponder (pensiones, desempleo, subsidio…) y no tener reducción de jornada laboral, salvo que sea voluntaria. La RGI, además, puede compatibilizarse con el trabajo y únicamente se suspende cuando el salario queda por encima de los límites establecidos por la prestación. Las cuantías máximas mensuales establecidas para 2017 rondan los 682,76 € en casos de unidades de convivencia de una persona y 969,83 € para las de tres o más personas.
