El ministro estrella somos todos

No es raro ver informativos que destacan las reuniones de ministros. En ellas aparecen hombres y mujeres trajeadas con carteras colgando de la mano. Se sientan alrededor de mesas de madera alargadas intentando proyectar una imagen de seriedad a la prensa, que retrata el momento de forma autómata. Esta escena es, en cierto modo, una farsa. Un paripé en el que los periodistas están allí para reflejar lo que los gobernantes quieren enseñar. En cuanto empieza la reunión se les echa amablemente de la sala (o no) y la reunión discurre a puerta cerrada.
No se puede juzgar toda la actuación de un sistema político por esta imagen anecdótica pero, en cierto modo, es una representación palpable del estilo de gobierno del siglo XX, que sigue tan dominante en el siglo XXI. Las grandes decisiones se suelen tomar entre un grupo pequeño de personas que responden a intereses opacos y que mantienen sus oídos tapados a lo que sucede en la vida real. No parece sorprendente entonces que este estilo de gobernar dé pie a que los políticos muchas veces tomen decisiones tan alejadas de la calle.
En Estados Unidos, la semana pasada, surgió un buen ejemplo de lo que se puede conseguir cuando el gobierno aprovecha la tecnología para trabajar y tomar decisiones de forma más colaborativa. En mayo de 2012, un grupo de personas colgó una petición en We Are The People, la conocida plataforma de la administración de Obama para recibir propuestas, en la que se pedía hacer públicas de forma digital y fácil de procesar todas las investigaciones científicas financiadas por el estado federal.
La idea es de un sentido común aplastante. Si estos estudios e investigaciones se pagan con dinero de los ciudadanos ellos deberían poder beneficiarse de esta información. Hasta ahora una parte importante de ese trabajo acababa cerrado y accesible solo a un grupo acotado de científicos cuando existe toda una serie de personas fuera de este ámbito que pueden encontrar valor en ellos. Un emprendedor tecnológico podría usar datos públicos para crear bases de datos y aplicaciones. Universitarios con iniciativa podrían acceder a información concreta para inventar el próximo Google y así un sinfín de usos para perfiles distintos de personas.
En este caso, la petición cosechó más de 600.000 firmas y a partir de 5.000 la administración está obligada a revisar y contestarla. La semana pasada el gobierno de Obama formuló su respuesta a esta petición en la misma web.
Como primera medida, han enviado un memorando a los responsables de los departamentos y agencias ejecutivas. En el documento se les informa de que cualquier sección que reciba más de 100 millones de dólares para sus programas de I+D tendrán que formular una política para hacer accesible sus datos con una serie de directrices para implementarlo. Entre ellos, está «optimizar su búsqueda, informar a los investigadores de la necesidad de hacerlo e identificar recursos existentes para realizarlo». También se aboga por que esa información sea legible, descargable, fácil de manejar y se pide colaboración entre los distintos departamentos.
En el mensaje de respuesta el responsable del departamento, Dr. John Holdren, director de la oficina de ciencia y tecnología de la Casa Blanca, explica de forma clara y concisa la postura de la administración. El científico dice que es algo que llevan tiempo estudiando y la petición les ha ayudado a «mantener viva la discusión sobre este tema». En el texto explica los beneficios de esta política y aporta un link al memorando que ha elaborado para impulsar esta política. «Las medidas que movilizan estos recursos para su reutilización mediante acceso general aceleran la ciencia, incrementan la innovación y promueven el crecimiento económico».
En España, Tu Derecho a Saber realiza una labor similar a lo que está haciendo la administración Obama, con la diferencia de que esta es una iniciativa sin ánimo de lucro independiente. Pero hacerlo no es fácil. La organización Access Info Europe, a la cual está asociada Tu Derecho a Saber, se ha encontrado situaciones tan surrealistas como tener que pagar 3.000 euros por preguntar al gobierno sobre las medidas que está tomando sobre la corrupción. El País Vasco es de los pocos lugares que lo ha intentado con una plataforma, aunque todavía está por ver si funcionará o no con la nueva administración.
Pero este no es el enésimo artículo escrito para regodearse de lo mal que están las cosas aquí. Basta con que sirva de ejemplo lo que se consigue cuando se fomenta la participación por muy pequeño que sea este caso. Que los políticos aprendan a aprovechar todo este excedente de conocimiento que rebosa en la red y a comunicar con los ciudadanos. Y ya que estamos, aspiremos a que un día en las reuniones de ministros haya una pantalla de 30 pulgadas con las propuestas de los ciudadanos.
—
Foto: Open Source Way Flickr