Muchos consumidores de cannabis darían lo que fuera por poder pegarse sus caladas allá donde estén. Conseguir un vendedor en el país que se visita, o directamente transportar un poco de hachís o marihuana en el trayecto, a menudo no son actos considerados de gran riesgo personal si el beneficio es poder fumar un canuto tranquilamente, por muy lejos que esté uno de casa.
No quiere eso decir que a la acción la consideren igual de inocua las leyes de todos esos países a visitar. El desarrollo de las normas respecto al consumo y posesión de ‘drogas blandas’ se ha dirigido en sentidos opuestos en las distintas soberanías del planeta. Así, en los últimos años se ha dibujado un mapamundi de permisividad y prohibición en el que, mientras algunos países están optando por la despenalización o incluso la legalización, como es el caso de Uruguay o algunos estados de Estados Unidos, otros están marchando en sentido contrario.
En España, por ejemplo, el ejecutivo de Mariano Rajoy presentó a finales de 2013 un proyecto de ley para endurecer considerablemente las sanciones a los poseedores y consumidores de cannabis en la vía pública. Su propuesta suprime la opción de sustituir multas por tratamientos de desintoxicación y aumenta dichas sanciones hasta los 30.000 euros por plantaciones «no constitutivas de delito». Esta situación lleva al país «40 años atrás» en legislación antidrogas, según aseveró públicamente Araceli Manjón-Cabeza, directora general del Plan Nacional sobre Drogas, y «lo pone al nivel de lugares como Rusia», donde se considera al consumidor un delincuente. La sociedad civil española, sin embargo, parece estar en claro desafío a las trabas del ejecutivo a juzgar por el número de clubes de fumadores que han proliferado en los últimos años en muchas ciudades del país.
Para que nadie se atragante con el humo cuando salga por ahí de viaje, aquí van una serie de advertencias sobre dónde sí (seguro, seguro) y dónde no (de todas, todas) debería uno jugársela por una bocanada de humo denso.
Países porro friendly, (lía sin miedo)
Uruguay se convirtió el año pasado en el primer país que legalizaba la venta, la producción y el consumo de marihuana. A pesar de existir ciertas restricciones, los nacionales pueden obtener una licencia del Instituto de Regulación y Control de Cannabis para hacerlo. El expresidente uruguayo José Mujica afirmó que adoptaba la medida, entre otros motivos, para frenar a través de la legalidad la mafia sumergida del narcotráfico.
Corea del Norte no considera el cannabis ni el opio como drogas. Su consumo, venta y cultivo no está penalizado en el territorio.
Holanda es famoso por sus Coffe Shops, que desde 1979 tienen permitido vender hasta cinco gramos de marihuana a mayores de 18 años. La misma cantidad que uno puede transportar en el bolsillo. Es un error, sin embargo, pensar que allí la provisión y posesión está despenalizada. Eso sí, existe una figura legal respecto al cannabis que lo considera «gedogen» (legalmente tolerado).
Colorado y Washington (Estados Unidos). En 2012 estos dos estados realizaron un referéndum para permitir una distribución regulada de marihuana. En Colorado ya estaba justificada para personas que acreditasen una enfermedad. En 2014, se dio en la praxis luz verde al consumo de manera recreativa. La posesión o abastecimiento fuera de los límites definidos continúa siendo delito.
Canadá fue el país pionero en poner en marcha un sistema para regular el uso de marihuana medicinal. Los reconocidos como enfermos obtienen un permiso del gobierno para poder acceder a ella legalmente. Sigue penada su producción comercial y su venta.
Colombia, a través de su Corte Suprema, puso en 2012 un límite de cinco gramos de cannabis permitidos para uso personal. No existe una ley desarrollada al respecto.
Portugal se convirtió en 2001 en el primer país europeo que despenalizaba el consumo de marihuana, cocaína, heroína y metanfetamina. Un modelo que después imitaron otros países del continente con el fin de dejar de perseguir a los consumidores para poner la vista en las mafias que movían el producto. Las restricciones en la materia siguen siendo muchas, entre ellas, la de consumir en lugares públicos.
Suiza estableció en octubre de 2013 que todo mayor de edad puede poseer diez gramos de marihuana sin necesidad de ser llevado ante una corte judicial.
Italia, Suiza, Alemania, Bélgica, Ciudad de México o España han seguido hasta ahora una línea parecida a la que iniciaron Portugal y Suiza, en el sentido de que dejó de estar perseguido el consumidor. Otros países como Chile y Argentina también han prescindido de los castigos carcelarios para los usuarios de cannabis, aunque los han sustituido en ciertos casos por la obligatoriedad de someterse a terapias de desintoxicación.
Países en los que un porro vale demasiado caro (momento de cuidarse los pulmones)
Singapur es un lugar donde fumarse un porro puede crear más estrés que otra cosa. Mejor que se abstenga uno del vicio. Más que nada, porque allí la tenencia y el consumo de cannabis se castigan con pena de muerte por ahorcamiento, y esa multa es mucho. Además se contempla el empleo de castigos físicos como el azotamiento con vara para el sorprendido en tal actividad. A uno se le quitan las ganas.
Indonesia tampoco se perfila idóneo como destino turístico del fumeta: de cuatro a veinte años de cárcel, cadena perpetua o pena de muerte por posesión. Unas opciones no muy esperanzadoras para uno de los cinco países del mundo que más sentencias capitales hace efectivas según Amnistía Internacional.
Omán ofrece 20 años entre rejas y 50 latigazos al que sea cazado en la actividad de fumarse un canuto. En caso de ser extranjero, cárcel y posterior deportación. Peor sale de precio convertirse allí en traficante: la vida, literalmente.
Emiratos Árabes: la pena mínima por el manejo de sustancias psicoactivas es de cuatro años. La máxima, de muerte por decapitación. Un dato a tener en cuenta es que la pena puede ser extensiva a aquellos acusados de inductores, encubridores o cómplices. Así, mejor mirar para otro lado.
China, el país que más sentencias de muerte firma en el mundo, y un territorio de paso natural de heroína, cocaína y metanfetamina, también contempla la muerte del porrero. Mínimo, dura pena de cárcel al que tenga más de 50 gramos de cannabis consigo.
Arabia Saudí, al estilo europeo, prefiere reservar la dureza para el traficante y no para consumidor. Aunque en su caso al camello se le impone la pena de muerte por decapitación. El consumo de drogas, incluido el cannabis, apenas supone una pena de cárcel, la flagelación pública o la deportación.
Taiwán exige como mínimo siete años a la sombra por fumarse un canuto. La pena de muerte solo se estila para los que le dan fines comerciales a la planta.
Filipinas es un caso extraño. A pesar de que Naciones Unidas llegó a señalar hace un lustro a este país como el de mayor población consumidora del sudeste asiático (6% de la población, mayormente anfetaminas), paradójicamente es uno donde la normativa antidroga es más estricta en la zona, con penas por tenencia o tráfico que contemplan la cadena perpetua y la ejecución.
Irán, gama de posibilidades: de multas administrativas o confiscación de bienes financieros a privación de libertad, ingreso en centro de rehabilitación, flagelación pública o pena de muerte. Solo es posible librarse de la pena si el sorprendido posee menos de un gramo de sustancia. Se trata de uno de los países con mayor tasa de drogadicción en el mundo.
Cuba contra el imperio y contra la hierbabuena. Pueden llegar a ser de seis meses a dos años la posesión. Además de una importante multa. El cultivo puede elevar la sanción de los cuatro a diez años sin ver la luz, y dicha sanción se incrementa de ocho a veinte años si los implicados son funcionarios. A menudo las penas también son altas para los casos de colaboración o complicidad.
*Con información de: Amnistía Internacional, Wikipedia, Energy Control, BBC.com, revista Cáñamo y web del Plan Nacional Sobre Drogas (España).
