El día después del atentado de Nueva Zelanda los españoles supieron que el tipo que lo perpetró llevaba escrito en su arma el nombre de un compatriota, Josué Estébanez. Como él, se trataba de un ultraderechista que asesinó a alguien que pensaba diferente: uno mató a 50 personas en una mezquita; el otro, a un manifestante en los vagones del metro de Madrid.
No fue lo único que supieron los españoles ese día: a diferencia de la mayoría de ciudadanos de otros países, pudieron ver el vídeo del ataque, así como la proclama del asesino antes de llevarlo a cabo. Mientras otros países decidieron no dar visibilidad a esa información, hubo cabeceras españolas que la emitieron. Y eso, que en otras latitudes conllevó un profundo debate –rectificaciones incluidas–, aquí sucedió sin más.
La finalidad del terrorismo, por definición, es subvertir de forma violenta algún orden establecido. El terrorismo es, por tanto, un acto político y criminal a la vez: un ejercicio de violencia que persigue una finalidad concreta. Da igual que sea la independencia de un territorio, la anexión de otro o la imposición de un credo o una ideología. El denominador común es el uso de la violencia contra lo legalmente establecido para infundir terror y presionar para conseguir su propósito.
Los atentados son una forma de amedrentar al oponente y, a la vez, llamar la atención sobre sus demandas. Porque como actividad política que es, uno de sus pilares está en que sus motivaciones y acciones se conozcan. Por eso causó cierta controversia el hecho de que algunos medios difundieran las posiciones políticas del terrorista. En cierto modo, al hacerlo, estaban contribuyendo a su causa.
Parece razonable no emitir imágenes con decapitaciones o con imágenes violentas tras un ataque. No se trataría en ese caso de no contribuir a la propaganda terrorista ayudando a contagiar el miedo, sino de evitar violencia explícita gratuita y, de paso, velar por el dolor de las familiares de las víctimas.
Eligiendo qué enseñar y qué esconder
Ahora bien, y más allá de esa excepción, ¿deben los medios dejar de cubrir algo relevante para tomar partido en la historia? En este caso, obviar esa información supondría invisibilizar el contexto político del que partía su actor, dejando el ataque terrorista como una mera acción criminal vacía de significado –en este caso, el odio a la comunidad musulmana–.
En el caso del terrorismo el posicionamiento puede parecer razonable, pero de un tiempo a esta parte esa visión proteccionista ha ido invadiendo otros ámbitos mucho más inocuos. Por ejemplo, cuando en una retransmisión deportiva los aficionados pitan el himno nacional y muestran enseñas independentistas, pero la realización altera el volumen y fija el plano para esquivar enseñarlo. O como cuando, sin salir del ámbito deportivo, un espontáneo salta al campo y las cámaras dejan de enfocar tratando de ignorar su existencia.
En este último caso el objetivo es desincentivar que otros hagan lo mismo al privarles de su momento de popularidad. Un razonamiento similar, aunque por motivos muy distintos, al que durante décadas se ha seguido en los medios a la hora de tratar determinados temas sensibles. Uno no muere de cáncer, sino de una «larga enfermedad». De hecho, no muere, «pierde la batalla». Las enfermedades mentales o –en su extremo– los suicidios apenas existen, aunque suponen una de las principales causas de mortandad no natural en el primer mundo –la segunda entre los jóvenes, según la OMS–.
En general, ha ido calando la idea de que todo aquello desagradable, o que se entiende que no debe ser difundido, debe ser silenciado o, como poco, camuflado bajo eufemismos. Sucede algo similar con determinados contenidos mediáticos en horario infantil. Progresivamente se ha ido eliminando todo lo violento o sexualmente explícito –como si fuera lo mismo– de las emisiones en abierto, al menos hasta la noche.
De igual forma, se han eliminado los anuncios de tabaco y casi todos los de alcohol para desincentivar el consumo de sustancias nocivas para la salud. En la misma línea, algunos países empiezan a actuar de forma similar en lo tocante a los productos azucarados.
En ambos extremos puede ser de nuevo razonable evitar la difusión de algunas cuestiones, ya sea para proteger a menores de edad que se entiende no están preparados para discernir, ya sea para evitar el consumo de sustancias nocivas. El problema surge cuando esas restricciones se amplían de forma generalizada a actividades que puedan conllevar adicciones.
Por qué esconder lo que se esconde
Es el caso, por ejemplo, de la publicidad de casas de apuestas, cuyo bum ha coincidido en nuestro país con el estallido de la crisis y ha tenido serias consecuencias en las zonas menos favorecidas de los grandes núcleos urbanos.
Un anuncio en concreto se volvió particularmente célebre y fue sancionado por el organismo regulador ya que, según su resolución, «el anuncio muestra situaciones de juego repetitivas, con sensación de descontrol y, sobre todo, refleja una actitud compulsiva, que lleva al protagonista a sentir emociones fuertes», algo que hace a través de imperativos.
https://www.youtube.com/watch?v=xN0fE5-c_Cw
La cuestión es: ¿siguen siendo los mensajes –mediáticos en general, publicitarios en concreto– tan influyentes? ¿De verdad es necesario eliminar determinados contenidos para evitar corrientes de comportamiento?
Los estudios acerca de los efectos de la comunicación siempre han sido concluyentes: los medios, antes igual que las redes sociales o las plataformas de comunicación ahora, son tremendamente eficientes a la hora de moldear los actos de la ciudadanía. No se trata solo de crear estados de opinión, sino en algunos casos –en aquellos sujetos menos preparados para enfrentarlo– para generar respuestas concretas. Vamos, que somos muy manipulables.
En ese sentido, aquello que se muestra o se esconde y la forma en que tales acciones se llevan a cabo resultarán ser determinantes en los juicios y opiniones de la gente.
Lo ‘aceptable’ en política
Volviendo al campo político, habida cuenta de esa necesidad asumida de protección, ¿se debe actuar también así a la hora de dar cobertura a posiciones políticas?
En el caso del terrorismo, mediando como media el uso de la violencia, cabe pensar que habría que desligar primero los medios –el inaceptable uso de la violencia– de los fines –una ideología–. Ahora bien, ¿hay ideologías aceptables y otras inaceptables?
Si es así, ¿cuál es el límite, el cumplimiento de la ley? Y, en lo tocante a la comunicación, ¿cómo decidir sobre qué informar y qué obviar aunque sea informativamente relevante si se decide que es ideológicamente inaceptable?
Ese debate sobre lo que se enseña y se oculta se plantea desde posiciones ideológicas. Por ejemplo cómo se debe informar –si es que debe hacerse–sobre la ultraderecha. ¿Acaso no informar de ello haría que dejara de existir? Si entendemos que es rechazable la discriminación negativa de un colectivo, ¿debe ser también rechazable la discriminación positiva de otro porque en esencia algunos podrían entender que es una forma distinta de hacer lo primero?
En esa línea de pensamiento, invisibilizar realidades podría ser el primer paso, pero el segundo sería directamente eliminarlas. En la España actual, presa de la campaña electoral continua, cada estado de opinión emergente se ve respondido por una propuesta legal paralela. Así, partidos conservadores como el PP abogan por la ilegalización de los partidos independentistas, mientras partidos progresistas como el PSOE defienden la ilegalización de formaciones xenófobas.
Ambas cosas –la unidad nacional y el respeto étnico– son cuestiones protegidas por la Constitución, con lo que encajarían en ambos casos con la idea de ilegalizar aquello que no es constitucional. Lo cual plantea una nueva cuestión: si la ley deja de ser el marco de lo aceptable para convertirse en el límite de lo planteable, ¿nada fuera de la ley puede siquiera formularse?
¿No haría eso que la legislación –o la Constitución, por poner un ejemplo– fueran de facto irreformables? Siguiendo la lógica, si el mero planteamiento de algo puede ser silenciado o perseguido, nunca nada distinto a la ley sería defendible.
Hablamos de racismo o independentismo, pero se crearía un engranaje lógico y argumental para que otras cosas bien distintas jamás pudieran ser defendidas: cambiar el modelo de Estado, la ordenación territorial o la protección a un colectivo determinado, por poner tres ejemplos.
¿Es necesario proteger a la población de determinados contenidos e ideas? ¿Se debería, por contra, exponerles a todo para que tomen sus decisiones? Quizá la respuesta no dependa de estas preguntas ni del papel de los medios en todo este proceso. Bastaría con educar de forma correcta para preparar a la gente a desarrollar juicios adecuados ante situaciones de peligro de manipulación.
