Por un derecho a saber

En 1962 una bióloga norteamericana, Rachel Carson, publicó un libro que haría historia. Se trataba de Silent Spring, donde, en síntesis, denunciaba que el DDT no se limitaba a ser un pesticida sino un biocida, un veneno que afectaba a todos los seres humanos. En la obra se explicaba cómo, cuando las empresas productoras buscaban la aprobación sanitaria de estos productos, escondían sus efectos nocivos en los informes presentados a la administración pública.
Este problema dio lugar a la enunciación del denominado derecho a saber. Ante un producto aplicado en un entorno que puede afectar a una población, los habitantes de la zona tienen derecho a tener la máxima información sobre lo que les amenaza. Sin embargo, aunque nos parezca un derecho básico y elemental, no se trata de un derecho explícitamente enunciado, sino que para su ejercicio se ha de recurrir a otras piezas de la ley.
[pullquote class=»left»]Para Kant, la transparencia supone tanto una necesidad de tipo ético como la premisa de la relación entre los estados[/pullquote]
Por ejemplo, en el caso «Guerra y otros contra Italia», el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó en 1998 a este país por vulneración del derecho a no ser perturbado en el hogar y no por violación del derecho a saber, cuando en una fábrica de la localidad de Manfredonia se produjeron emisiones tóxicas que afectaron a los vecinos.
Entroncado con el derecho a saber se halla el derecho de acceso a los datos en poder de organismos públicos, que especifica los casos en que un ciudadano puede obtenerlos. Es un derecho legislado específicamente, y conforme Access Info Europe, la ONG que más ha luchado por este derecho, consta de dos partes: una proactiva, en la que las administraciones han de publicar su información sin necesidad de petición alguna, y otra reactiva, que se produce cuando las administraciones deben poner en manos de un ciudadano la información solicitada.
En nuestro país, la ley de transparencia no solo se ha hecho tarde sino que se ha legislado muy por debajo de los estándares de transparencia internacional. El reglamento de la ley, en fase de redacción, tampoco parece ir por buen camino.
Los fundamentos de estos derechos a saber o a acceder a datos concretos tienen una larga historia. Kant, en su obra Sobre la paz perpetua, escrita en 1795, postuló dos principios trascendentales: «Son injustas todas las acciones que se refieren al derecho de otros hombres cuyos principios no soportan ser publicados», y «Todas las máximas que necesitan la publicidad (para no fracasar en sus propósitos) concuerdan con el derecho y la política a la vez». Para este autor, la transparencia supone tanto una necesidad de tipo ético como la premisa de la relación entre los estados. No se trataría de una mera relación entre el ciudadano y los poderes públicos, sino también entre los diversos colectivos, que de esta manera se benefician de la transparencia ajena.
[pullquote class=»right»]En nuestro país, la ley de transparencia no solo se ha hecho tarde sino que se ha legislado muy por debajo de los estándares de transparencia internacional[/pullquote]
Así, la transparencia ya no solo es un requisito para la obtención de la información, sino que se postula como un vertebrador relacional entre individuos y órganos, y ambos se benefician de la transparencia ajena al permitirse procesos de aprendizaje mutuos.
Pero para obtener resultados no solo es necesario un buen diseño legislativo sino, como mantenían Rolnik y Guattari en Micropolítica. Cartografía del deseo, «la democracia solo se consolida, solo gana consistencia, si existe en el nivel de la subjetividad de los individuos y da lugar a nuevas actitudes, nuevas sensibilidades, nuevas praxis, que empiezan alrededor de las viejas estructuras».
Sin dudarlo, reconocer por escrito un derecho ciudadano a saber todo lo que es público, porque nos afecta, debe ser una de esas nuevas actitudes que, convertida en praxis, nos devuelva nuestro capital cívico.