Llueve. La lluvia tiene, para muchos, poderes reparadores. El café con leche de la mañana sienta mucho mejor mientras cuentas las gotas en el cristal de la ventana. Es, sin duda, un buen día, ¿verdad? Mientras caen las gotas, Zaida, inmigrante embarazada de siete meses, se acerca a la fecha de su parto sin haber pasado ninguna revisión médica a pesar de tener derecho a ello. Para ella también llueve.
El de Zaida es solo uno de los casos que relata Sanichollo, una campaña creada por Médicos del Mundo para denunciar los recortes en sanidad. Y con algo de ironía por mucho que la situación no tenga ni puñetera gracia. «Es el momento de reivindicar una sanidad pública de cobertura universal, ahora que todavía estamos a tiempo de cambiar las cosas», afirma Sagrario Martín, presidenta de la ONG.
Por eso, se han propuesto dar a conocer a través del sitio web Sanichollo.es casos como el de Zaida. O como el de Ana, una mujer de 77 años sin ingresos que vive con su corazón al límite y sin ninguna supervisión médica. O el de Lucinda, nacida en Portugal y ciudadana española que no se puede costear el tratamiento para el enfisema pulmonar que padece.
La falta de transparencia de la administración del estado y las comunidades autónomas impide saber cuántos casos como estos se repiten en todo el territorio español. Según explica Celia Zafra, responsable de comunicación Médicos del Mundo, el gobierno afirmó en 2013 haber retirado 873.000 tarjetas sanitarias. Las cifras facilitadas por el Ministerio de Sanidad rondan las 750.000 tarjetas que pasaron a estar fuera de circulación.
Sin embargo, Zafra afirma que las cifras son confusas porque «comunidades autónomas como Asturias o Andalucía siguen prestando atención sanitaria a todas las personas que lo necesiten. Por eso, desconocemos el número real de personas afectadas. Lo que sí sabemos es que a las 12 sedes que Médicos del Mundo tiene en España siguen llegando casos de personas que no pueden acceder a la atención que necesitan o a quienes no les alcanza para pagar los tratamientos que requieren».
La acción llevada a cabo por la ONG para dar visibilidad a esta situación es, como poco, excéntrica. Con el lema ‘Para la salud no hay gangas’, una ambulancia ha recorrido algunos puntos emblemáticos de Madrid. El vehículo anunciaba ofertas extravagantes relativas a tratamientos sanitarios: 2×1 en operaciones de pulmón, descuentos por sujetar tu propio gotero o autocirugía vascular por cuatro perras. Las ofertas no son reales pero, como advierten desde Médicos del Mundo, los casos que se esconden tras ellas sí lo son.
La situación cuenta con el agravante de que las medidas de reducción de gastos sanitarios promovidas por las autoridades públicas no están avaladas por ningún informe económico que las justifique. «Se aprobó una norma que afecta a miles de personas sin calcular cuando se iba a ahorrar el estado. Nosotros calculamos que poco o nada», explica Celia Zafra, «porque al impedir a esas miles de personas el acceso a los médicos de familia lo que se hace es aumentar las visitas a urgencias, mucho más caras de prestar que la atención primaria».
Objeción de conciencia
La poca esperanza que arroja el asunto viene por parte de un sector de los profesionales sanitarios que se niega a aplicar esas medidas que consideran antisociales. «Muchos profesionales sanitarios han manifestado su objeción de conciencia a esta ley y se han inscrito en registros como tales. Médicos del Mundo y Semfyc promovimos esta objeción en la campaña Derecho a Curar, que lanzamos en el verano de 2012. Pero además, muchos otros sanitarios atienden a todas las personas que lo necesitan aun sin estar inscritos en ningún listado de objetores. Simplemente, cumplen con el juramento hipocrático», cuenta la directora de comunicación de Médicos del Mundo.
Ni siquiera la ciudadanía no excluida, la que se supone que se beneficia de la austeridad en los números, apoya la exclusión de los inmigrantes en situación irregular, según se desprende de las encuesta del CIS de agosto de 2013.
El argumento de que «no hay para todos» es, efectivamente, utilizado de manera recurrente por el gobierno. Sin embargo, Zafra dice que «cuando se explica, casi todo el mundo comprende no es justo que personas que han vivido varios años en España, en muchos casos de forma regular, que han perdido su trabajo como tantos españoles, pierdan también la sanidad a la que han contribuido a sostener».
Además, como explica la integrante de la ONG, la asistencia sanitaria se financia en su mayoría con impuestos como los de los combustibles, el tabaco o el IVA, es decir, impuestos «que pagamos todas las personas que vivimos en España, independientemente de nuestra situación administrativa».
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Nota del autor.- Para los interesados en hacer una mínima aportación a la campaña, puedes publicar un tweet, con la etiqueta #sanichollo y enlazando a la web http://sanichollo.es, compartir algunos de los vídeos que han creado para la campaña o las ridículas ofertas sanitarias que se ofrecen en la web.
